En la antesala del Día del Trabajador y la Trabajadora Judicial, que se conmemora cada 16 de noviembre en todo el país por la creación en 1952 de la Confederación Judicial Argentina (hoy Federación Judicial Argentina –FJA–), el gremio difundió un nuevo relevamiento nacional que muestra un panorama complicado: en 15 provincias del país (62,5%), las Cortes o Tribunales Superiores pagan sueldos por debajo de la línea de pobreza a los ingresantes, mientras crece la conflictividad y se agravan los indicadores de salud laboral en el sector.

El informe de la FJA, elaborado a partir de datos provinciales y nacionales, se estructura en tres ejes: el salario del trabajador/a ingresante, los conflictos laborales registrados durante 2025 y los resultados de la 2ª Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Poder Judicial. Estos datos son los que mejor reflejan la realidad del sector, ya que la Federación es la entidad que nuclea a 23 sindicatos de trabajadores judiciales y cuenta con más de 35.000 afiliados en todo el país

El informe viene a respaldar los motivos por los que la FJA, con su secretario General, Matías Fachal a la cabeza, insiste en la necesidad de aplicar un Convenio Colectivo de Trabajo en el Poder Judicial, donde el gremio pueda acordar con la Corte Suprema de Justicia de la Nación «una paritaria nacional que asegure un piso salarial digno e igualitario para los trabajadores del sector», exigieron a través de un comunicado desde la Federación.

Salarios judiciales por debajo de la línea de pobreza

Según el estudio, tomando como referencia la línea de pobreza de septiembre de 2025, estimada en $1.176.852,05, el panorama es alarmante: 15 de las 25 jurisdicciones del país registran sueldos de ingreso inferiores al umbral de pobreza, mientras que en solo 9, entre las que está el Poder Judicial de la Nación/Justicia Federal, logran superarlo. El distrito restante, Santa Fe, no se pudo contar con datos actualizados.

El mapa elaborado por la FJA refleja de manera clara la desigualdad territorial. Las jurisdicciones donde el salario inicial supera la línea de pobreza se concentran principalmente en la región patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), además de Chaco, Corrientes y el Poder Judicial de la Nación/Federal y el de la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, en provincias como La Pampa, Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Entre Ríos, La Rioja y Buenos Aires, el salario de un ingresante no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo.

En la organización gremial alertaron que hay una gran disparidad entre judiciales ingresantes según la jurisdicción: en algunas provincias los salarios se encuentran tan atrasados que cobran tres veces menos a lo que percibe un trabajador ingresante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Poder Judicial de la Nación, por citar dos casos.

Esto se vuelve más indignante si se hace la comparativa con los ministros de la Corte Suprema o de los Tribunales Superiores. Por ejemplo, a septiembre, los jueces de la Corte perciben solo de básico unos $8.441.348,87, mientras que el trabajador judicial con peor salario en el país ronda los $600.000. Resultado: el juez gana 15 veces más que un judicial ingresante, cuando históricamente la relación fue de 1 a 5.

Desde la FJA sostienen que estos datos demuestran la falta de respuestas por parte de los Tribunales Superiores y las Cortes locales, en muchos casos escudadas en la falta de presupuesto o ajuste de los Ejecutivos provinciales, ahogados por el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei.

“En más del 60% de las jurisdicciones del país, el sueldo inicial de un trabajador o trabajadora judicial está por debajo de la línea de pobreza. Esta realidad expone la fragmentación salarial del Poder Judicial argentino y la necesidad urgente de una negociación colectiva nacional que establezca un piso mínimo digno en todo el territorio”, señaló Fachal, secretario General de la FJA.

Un año de fuerte conflictividad en los poderes judiciales

El 2025 fue un año de intensa conflictividad en el sector judicial, con medidas de fuerza, movilizaciones y reclamos en casi todas las provincias. Los meses de febrero, marzo y octubre concentraron la mayor cantidad de conflictos, impulsados principalmente por la pérdida del poder adquisitivo, la ausencia de negociación colectiva, y la persecución sindical en algunos distritos.

En La Pampa, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) protagonizó varios paros y retenciones de tareas entre febrero y marzo en reclamo de aumentos salariales y respeto a la carrera judicial, denunciando además persecución gremial por parte del Superior Tribunal de Justicia. En Neuquén, el SEJUN realizó paros de 48 horas y asambleas en rechazo de las ofertas salariales y de los descuentos por medidas de fuerza.

En Córdoba, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) sostuvo un plan de lucha con paros, marchas y concentraciones masivas, que culminó en junio con un acuerdo histórico de equiparación salarial con la Justicia Nacional. La FJA acompañó las protestas con la presencia de Fachal y dirigentes de distintas provincias.

El conflicto también se profundizó en Mendoza, donde la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AGEyFPJ) denunció la violación del Convenio Colectivo de Trabajo y sufrió represión policial durante una manifestación en octubre, además de causas judiciales contra dirigentes. En Chubut, el SITRAJUCH mantiene desde febrero un plan de lucha por una deuda salarial del 15,5%, mientras que en Río Negro el SITRAJUR denunció ante la OIT los intentos de vulnerar la negociación colectiva y marchó en defensa del histórico financiamiento sindical del 2×1000.

En San Luis, el SIJUPU protagonizó conferencias y marchas junto a la Mesa Intersindical por la apertura de paritarias y la defensa del poder adquisitivo. En Formosa, la AJUFSA llevó adelante paros y movilizaciones desde septiembre en reclamo de aumentos salariales acordes a la inflación. En Catamarca, la AJUCA también convocó paros y protestas por recomposición salarial, mientras que en Entre Ríos, la AJER exigió equiparación, pago en tiempo y forma y reconocimiento de títulos.

Como corolario, la Corte Suprema no iba a estar exenta de las demandas de los trabajadores. La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN) finaliza el año realizando paros totales, ya que en los últimos 18 meses perdieron alrededor del 30% de capacidad de compra.

Para la organización sindical nacional, estos conflictos expresan “una crisis estructural del sistema judicial argentino, donde la sobrecarga laboral, la falta de personal, los bajos salarios y el deterioro institucional se agravan en un contexto de creciente demanda social y crisis económica”. Sin embargo, Fachal advirtió: “vamos a acompañar cada lucha, cada reclamo, porque los judiciales sabemos defender nuestros derechos”.

Salud laboral: más trabajo, más estrés y más violencia

El tercer eje del informe de la FJA adelanta los resultados de la 2ª Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Poder Judicial, realizada entre 2024 y 2025. El relevamiento, que abarcó más de 4.000 trabajadores judiciales, confirma un empeoramiento general de las condiciones laborales respecto de la encuesta de 2017.

El 43,6% de los encuestados trabaja más horas de las reglamentarias, mientras que 1 de cada 4 realiza tareas en modalidad de teletrabajo. Entre estos últimos, el 63% dice trabajar más horas que en la modalidad presencial, el 67% no recibió capacitación y el 22,5% realiza tareas incluso durante las licencias. Además, el 16% reconoce recibir “siempre o muchas veces” mensajes o correos laborales fuera del horario de trabajo.

El 84,9% de los trabajadores usa expedientes electrónicos o escritos digitales, lo que incrementó la intensidad del ritmo laboral. En el plano emocional, el 36,9% afirma sentirse agotado, tensionado o de mal humor en el trabajo, casi 10 puntos más que en 2017. Seis de cada diez trabajadores mencionan altas exigencias psicológicas, y el informe detalla un crecimiento de los síntomas físicos y mentales vinculados al estrés: dolores de cabeza y musculares, trastornos del sueño, ansiedad y fatiga.

En materia de violencia laboral, los datos son contundentes: el 43,2% de los encuestados manifestó haber sufrido alguna forma de acoso psicológico, y el 3,7% dijo haber sido víctima de acoso sexual en el último año, una cifra 25 veces superior a la media nacional.

“La pandemia dejó instalada una reorganización del trabajo judicial que profundizó la carga laboral sin acompañamiento en salud ni inversión en condiciones de trabajo. Las exigencias aumentaron, pero no así los salarios ni los nombramientos”, señalan desde la FJA.

Ante un nuevo Día del Trabajador y la Trabajadora Judicial, la organización sindical nacional afirma: “En un contexto de crisis, ajuste y represión, la unidad de lxs judiciales es esencial. La Federación Judicial Argentina va a seguir defendiendo los derechos de quienes trabajamos en el Poder Judicial y construyendo una organización nacional fuerte, solidaria y democrática frente a un gobierno cruel que ataca el trabajo y los derechos sociales”.