El Gobierno nacional desarma su propio discurso de “curros” en las universidades públicas. Según reveló el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en lo que va de la administración de Javier Milei no detectaron ninguna irregularidad en los recursos enviados para las entidades educativas de nivel superior.

“¿Cuáles son los curros que han detectado?”, le preguntaron al funcionario durante una entrevista con el canal Neura. “Si yo detecto un curro, lo denuncio”, contestó el dirigente libertario. “¿Pero has detectado?”, le insistieron en la charla. “No. Curro no. El curro sería un delito. Lo que yo te puedo señalar es gastos que me parecen completamente innecesarios”, completó su respuesta.

Durante más de una hora, el funcionario desarrolló su mirada sobre el funcionamiento del sistema universitario, habló de cómo el Gobierno nacional aprueba o rechaza la implementación de determinadas carreras estratégicas para el país y expuso también su opinión sobre los debates públicos de las últimas horas, más aún después de la que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento para el sector.

Auditorías y presunta corrupción

El discurso libertario encuentra barreras en sus propios dichos. Durante todo el año pasado, la pelea presuntamente fue por los gastos de las casas de estudios y la negativa a dejarse auditar, cosa que quedó desmentida por la realidad. También se llegó a hablar de corrupción, de desvío de fondos y demás cuestiones que se enterraron solas por la nula veracidad que presentaban.

¡Gracias diputados y diputadas! ¡Gracias Argentina!
¡Universidad pública siempre!

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— CIN (@CINoficial) September 17, 2025

Ahora, con el rechazo en el Congreso, la administración de La Libertad Avanza acomoda nuevamente su discurso: niega haber detectado algún curro y sí apuesta por el miedo, como ayer describió el vocero presidencial, Manuel Adorni. “El monto anual de la ley de financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos”, cifra que es “equivalente a suspender todos los planes sociales por 3 meses, los subsidios energéticos por 4 meses o aumentar el IVA del 21% al 44% por 45 días”.

Asimismo, resaltó la “gravedad en términos de equilibrio fiscal” que supone la ley de emergencia pediátrica, cuyo monto anual asciende a 130 mil millones de pesos. En este caso, Adorni señaló que ese costo implicaría “despedir a 66.550 empleados públicos, suspender el total del subsidio al transporte por un mes o las jubilaciones de privilegio por 3 meses. Y la pregunta es si la casta política está dispuesta a votar estas cuestiones”.