El presidente de España, Pedro Sánchez, fue señalado como “fundamental” en la investigación judicial que enfrenta su esposa, Begoña Gómez. Así lo planteó el magistrado Juan Carlos Peinado, quien la investiga desde hace un año y medio por presunta malversación de fondos y otros delitos.

Si bien el juez aclaró que no atribuye a Sánchez una responsabilidad directa en las faltas que se le imputan a su mujer, sostuvo que la relación de parentesco con el actual jefe del Gobierno es la base para considerar la posible existencia de tráfico de influencias y, en consecuencia, de otros ilícitos como intrusismo, apropiación indebida y corrupción en los negocios.

Peinado citó nuevamente a Gómez para el lunes 6 de octubre, con el objetivo de notificarle su intención de que sea juzgada por un tribunal popular en caso de que la causa llegue a juicio. Se trata de un esquema compuesto por ciudadanos, reservado para delitos graves.

Una causa que crece en alcance

Hasta hace unos días, el juez había planteado que únicamente la presunta malversación fuera tratada por un jurado popular. Sin embargo, la investigación se amplió. Peinado abrió un expediente paralelo para indagar si Gómez utilizó recursos públicos en asuntos privados, en particular la contratación de una asistente cuyo salario abonaba el Estado pero que, según la sospecha, se dedicaba a gestiones vinculadas a una cátedra que Gómez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

La colaboradora, Cristina Álvarez, también está imputada. Correos electrónicos revelaron intercambios relacionados con el financiamiento de la cátedra, lo que refuerza la hipótesis del magistrado.

La citación prevista para el pasado sábado en los tribunales de Plaza Castilla no fue cumplida por Gómez ni por su asesora. La última vez que la esposa del presidente se presentó ante la Justicia fue el 10 de septiembre. En esa ocasión, se negó a declarar y respondió únicamente a preguntas de su abogado durante menos de 15 minutos. Finalmente, admitió que su asistente le hizo “favores esporádicos”.

El debate sobre la figura del cónyuge presidencial

La defensa de Gómez sostiene que en España no existe un estatuto que regule el rol y las obligaciones del cónyuge del presidente del Gobierno, por lo que la investigación carecería de fundamentos sólidos. En ese sentido, solicitaron a la Audiencia Provincial de Madrid que anule el proceso por malversación.

Si en algún momento Peinado llegara a considerar que Pedro Sánchez participó en los hechos cuestionados, debería derivar el caso al Tribunal Supremo, único órgano con potestad para investigar al jefe de Gobierno. Una situación similar ocurrió cuando el magistrado intentó involucrar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero la sala penal del Supremo desestimó la citación.