La “desregulación” aplicada a la producción, comercialización y exportación de vinos en la Argentina reducirá unas cinco mil inspecciones presenciales al año. También se suprimen declaraciones juradas semanales, permisos de tránsito y sanciones por demoras en trámites. El nuevo marco legal, celebrado por los anti-Estado, provoca desconcierto en los representantes de las bodegas porque plantea el interrogante sobre cómo será la fiscalización en la industria.

La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, confirmó que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) derogó 973 normas que regulaban la producción, comercialización y exportación de vinos en la Argentina. La medida fue elaborada junto con la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y supone la eliminación de cerca del 80% de las disposiciones vigentes.

Por ejemplo, las certificaciones de origen, añada (el año de cosecha del vino) y varietal pasarán a ser optativas, aunque seguirán siendo obligatorias para las exportaciones cuando lo exijan los países compradores.

Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta por unos 800 millones de dólares.

Argumento oficial

El presidente del INV, Carlos Tizio, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentaron la medida como parte del plan de modernización del Estado. “La Resolución 37/2025 deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola”, expresó Sturzenegger.

El funcionario defendió el nuevo esquema de control, centrado en la etapa final de la cadena. “Ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas. Menos burocracia significa menos oportunidades para la corrupción”, afirmó.

Antecedente trágico

Entre febrero y marzo de 1993, la adulteración con alcohol metílico de dos marcas –Mansero y Soy cuyano– de vino blanco en damajuana causó la escalofriante cifra de 29 muertos.

De acuerdo a lo que se probó durante el juicio oral en 1996, Arnaldo Mario Torraga, el dueño de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga, agregó alcohol metílico en los vinos que comercializaba en damajuanas con la intención de “estirar” el producto con agua y mantener la graduación alcohólica mínima autorizada por el INV.

Se registraron víctimas en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones y muchos de los que se salvaron quedaron ciegos y con problemas neurológicos.

La bodega fue clausurada por medio de un decreto del entonces presidente Carlos Menem y fue intervenido el INV, que era el organismo responsable de controlar la producción y distribución de vino en todo el país.

No son pocos los que se preguntan, atentos a estos antecedentes, el riesgo de suprimir inspecciones en nombre de la “modernización” y la “desregulación”