La justicia elevó a juicio oral una causa contra nueve personas acusadas de integrar una organización dedicada a estafas reiteradas en operaciones de compraventa de vehículos. La operatoria incluyó el abono de fuertes sumas de dinero de parte de las familias que terminaron damnificadas, y hasta la emisión de cheques sin fondo del comercio.

Según la acusación, el grupo operaba a través de la concesionaria EW Automotores, ubicada en Estrada 827 de Escobar, y habría defraudado al menos a 32 personas entre agosto de 2022 y 2024. Los imputados son Emanuel Esteban Selbaggi y Vanesa Laura Rodríguez, señalados como dueños de la firma, junto con los vendedores Martín Oscar Ortiz, Maximiliano Iván Alfonso, Iván Eduardo Fernández, Roberto Gregorio Rozano Sayavedra, Walter Méndez, Ulises Martínez y Agustín Emanuel Maldonado.

De acuerdo con la investigación, la maniobra consistía en captar clientes mediante publicaciones en redes sociales y promesas de condiciones muy ventajosas: compra de dólares a cotización superior al mercado, cuotas bajas y préstamos con tasas de interés reducidas.

Las víctimas entregaban dinero y vehículos como parte de pago, pero no recibieron, en ningún caso, el rodado acordado. Por supuesto, tampoco la devolución de lo abonado. En algunos casos, los autos dados en parte de pago fueron vendidos a terceros con transacciones hechas con cheques sin fondos.

El caso testigo de una compradora oriunda de Moreno

Según la información del expediente a la que accedió Primer Plano Online, uno de los casos involucra como damnificada a una clienta con domicilio en Moreno, cuya identidad será preservada por obvias razones.

Comenzó el 8 de abril de 2023, cuando F.A.L. se presentó en la concesionaria para reservar una Volkswagen Suran año 2009. Allí le indicaron que, para asegurarse la compra y acceder a un crédito con tasa preferencial debía abonar un millón de pesos. En ese instante la mujer hizo la transferencia por ese monto y los vendedores le garantizaron que “en 10 o 15 días” tendría el empréstito aprobado.

Efectivamente, dos semanas después recibió el llamado de la agencia para darle la noticia de que el banco Galicia le otorgaba el crédito con tasa preferencial. Sin embargo, 10 días después de esa comunicación, cuando la clienta se presentó en la concesionaria para firmar la documentación se enteró que la tasa de interés era mayor a la pactada originalmente.

Además, le fueron claros con la pauta: si no aceptaba las nuevas condiciones perdía la reserva del rodado y el millón de pesos que había abonado. Ante esa situación decidió ir por la segunda opción que le brindó el comercio: comprar un Chevrolet Corsa en vez de una Suran. Con fecha 15 de mayo de ese año abonó otros 256 mil pesos con su tarjeta de crédito.

Para completar la compra de ese coche le faltaban aproximadamente 600.000 pesos. Pero tres días más tarde la volvieron a contactar del negocio para expresarle que el Corsa tampoco estaba disponible porque tenía “un problema de papeles”. La víctima quedó atrapada en la decisión de la empresa y propuso dar de baja la operación y la concesionaria aceptó devolverle la suma de 1.153.600 pesos, cosa que hasta hoy no pasó. Así son idénticos los 32 casos que ahora llegan a juicio.

Las pruebas contra los imputados

La elevación a juicio incluye testimonios de las víctimas, contratos, transferencias bancarias, registros de préstamos, publicaciones de redes sociales, comunicaciones y cheques rechazados.

Para la Fiscalía actuante, a cargo de la fiscal Elizabeth Amoretti, de la UFI Descentralizada Nº 5 de Escobar, el material recolectado permite sostener que los acusados actuaron de manera coordinada con el fin de defraudar, por lo que serán juzgados por el delito de estafa en concurso real y en forma reiterada, según lo establece el artículo 172 del Código Penal. La sumatoria de hechos puede desembocar en una condena abultada.

El rol de Selbaggi y Rodríguez, como dueños de la firma, era central en la maniobra, mientras que el resto operaba como vendedores que trataban directamente con los damnificados. Es decir, los propietarios tienen acusaciones como autores de los delitos y los vendedores como partícipes necesarios. El perjuicio total asciende a varios millones de pesos y dólares.