Una fuerte resistencia vecinal y de comerciantes hizo oír su voz en el Concejo Deliberante de Morón para rechazar la instalación de un supermercado chino en un inmueble de la calle Unamuno 3362 del Barrio Seré de Castelar sur.

El motivo del rechazo fue concreto: viola la ordenanza 5630/2004 y sus modificatorias posteriores, que supo ser ejemplo a nivel provincial por establecer pautas para el desarrollo del comercio minorista. En concreto, lo que pedía el supermercadista en cuestión era una excepción a los artículos 6 y 7 de esa normativa y el permiso de uso de suelo para lograr su habilitación.

Entre otras cosas, la norma impone una zona de protección radial de 150 metros para el rubro autoservicios de productos alimenticios de hasta 190 metros de superficie cubierta máxima, y para los que tengan mayor extensión la protección lineal es de 400 metros de distancia. El comercio en cuestión no está abierto, según las inspecciones realizadas por el Municipio.

El planteo para habilitar el local

La audiencia pública comenzó con la exposición de Carlos Ulloa, quien habló en nombre del peticionante, Matías Lin. “Teníamos entendido que había un solo autoservicio en la zona, que incluso no cuenta con habilitación comercial sino que es provisoria y está vencida. La idea es habilitar algo que le de a los vecinos otra posibilidad para la compra de productos sin perjudicar a nadie”, fue su explicación.

Sin embargo, también señaló que adjuntaron al expediente una lista de vecinos “que están de acuerdo con la apertura del local y otros que no”, lo que dio pie a la rápida respuesta de varios de los presentes, que hablaron de domicilios que no existen. Incluso la concejal Daniela Burgos (Fuerza Patria) pidió que se investigue si hubo irregularidades en esa nota. Ulloa también habló de “otros locales que están funcionando de manera irregular, sin la sectorización obligatoria, con papas al lado de la carne”.

Después llegó el turno de representantes de cámaras de comerciantes, entre los que habló Fernando ‘Chiche’ Savore, vicepresidente de la Cámara de Almaceneros bonaerense. “Le pido a los concejales que respetemos la ordenanza. Morón es grande y hay muchos lugares para ponerse. Pero hay algo que me preocupa mucho más”, se sinceró en su alocución. Se refirió, en ese caso, a presuntos firmantes de la nota a favor de la instalación del emprendimiento que no existen o negaron haberla rubricado.

“En Unamuno 3355 vive en abuelo de una comerciante, que no creo que haya firmado para perjudicar al comercio de su nieta. En Galicia 2015 la casa está deshabitada y la dueña no vive ahí; en Granada 3306 la propietaria dice que no firmó; Unamuno 3412 está vacío. El pueblo almacenero, cuando tiene que estar junto, está junto y firme”, señaló, no sin antes de referir a que la historia de una ciudad está íntimamente ligada a la de sus comercios.

Otras voces en contra del proyecto

También hablaron Jorge Costa, de la Cámara de Comercio de Haedo; el empresario local Roque Capricciulo y varios expositores más entre los que estaba el defensor del Pueblo de Morón, Enrique Pochat, comerciantes, vecinos y vecinas, cada voz con fuertes planteos en defensa de los comercios de la zona y rechazando que se sortee la ordenanza por vía de excepción. “Son comercios que ofrecen productos a precios competitivos, generan trabajo y sostienen a muchas familias”, sentenciaron.

A la hora de hacer uso de la palabra también se manifestaron en contra del emprendimiento los concejales Ariel Aguilera (Todo por Argentina), Leandro Ugartemendia (Juntos), Vanina Moro, Diego Spina y Daniela Burgos (Fuerza Patria), Ezequiel Tozzi (La Libertad Avanza) y Alejandra Liquitay (La Libertad Avanza Morón). En todos los casos, las voces fueron en contra de la instalación de ese supermercado que, aclararon, nada tiene que ver con la nacionalidad del peticionante sino con poner en valor al comercio minorista local.

El expediente fue girado a las comisiones de trabajo del Concejo Deliberante, que tendrá la última palabra. Aunque por lo escuchado, todo indica que no hay ninguna posibilidad de que avance el proyecto, que ya fue rechazado en 2018 y, siete años más tarde, su propietario insiste.