Este miércoles, a partir de las 11 de la mañana, en Plaza de Mayo, las personas con discapacidad, junto a sus familias, organizaciones, prestadores y profesionales, vuelven a hacerse presentes con un mensaje directo: los derechos se aplican, no se postergan.

La convocatoria del Foro Permanente surge de un dato irrefutable: la Ley 27.793 de Emergencia fue votada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, pero su ejecución quedó suspendida hasta que el Parlamento defina fuentes de financiamiento e incorpore partidas al Presupuesto. Se reconoce la emergencia y, en simultáneo, se la frena. Por eso, el espacio público vuelve a ser el ámbito donde la espera se transforma en reclamo y la letra en derecho efectivo.

El trasfondo explica la urgencia. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el sector viene padeciendo un vaciamiento sostenido: pensiones que caen, prestaciones que se dilatan, talleres protegidos al límite y familias que hacen malabares para sostener tratamientos mientras el Estado se corre. En ese marco, el Decreto 681/2025 oficializó la promulgación y detalló el impacto fiscal; la Decisión Administrativa 24/2025 readecuó partidas para la ANDIS desde el 1° de octubre. En ambos casos aparece la misma traba: nada comienza hasta que el Congreso habilite los recursos. La vida cotidiana, otra vez, sujeta a una planilla.

En diálogo con Tiempo, el presidente del Foro, Pablo Molero, fue categórico al marcar el sentido de la jornada: “No alcanza con que la ley esté promulgada, lo que se necesita es que se ejecute ya. El Presidente y el Jefe de Gabinete tienen que dejar de mirar para otro lado y garantizar los fondos, porque esta es una emergencia y, del mismo modo que se destinan partidas a otras áreas, aquí también deben estar los recursos para dar respuesta inmediata a las necesidades del sector”. Sus palabras resumen la bronca, la urgencia y la decisión de convertir la protesta en una interpelación directa al Gobierno.

En paralelo, el Foro elevó una carta a organismos internacionales para visibilizar la vulneración de derechos y el incumplimiento de normas clave —entre ellas, la 27.793—, así como el impacto de las políticas que golpean sobre pensiones, prestaciones y espacios de trabajo protegido. No es un trámite diplomático: es la manera de recordar que el Estado argentino tiene obligaciones que no pueden quedar a discreción de un ajuste.

Lo que se reclama hoy es preciso y verificable: aplicación inmediata de la Ley 27.793; cumplimiento efectivo por parte del Poder Ejecutivo —con responsabilidades nítidas que alcanzan al presidente Milei y al jefe de Gabinete Guillermo Francos—; actuación diligente de ANDIS; y fin de las dilaciones que convierten una emergencia reconocida en una promesa vacía. Porque cada día sin cobertura, sin transporte y sin acompañamiento es un día más de exclusión para miles de familias.

La cita está hecha y el sentido también: nos reunimos para que la ley se cumpla y para que el Estado vuelva a estar del lado de quienes hoy cargan con el ajuste. Este miércoles, Plaza de Mayo es el ámbito de encuentro donde, de frente y entre todos, se afirma lo obvio: los derechos no se negocian, se garantizan.