Horas después que se conociera el hallazgo de los cuerpos del triple femicidio que conmovió al país, especialistas en economía, derecho y políticas de cuidado se reunían para analizar la crisis de cuidados en la Argentina, donde el 85% de los hogares monoparentales son sostenidos por mujeres que se ocupan solas de la tarea de cuidar. El encuentro había sido acordado antes, pero inevitablemente estuvo atravesado por los hechos de ese día. Con un hilo conductor entre las últimas noticias y los datos que se ponían bajo la lupa: ¿qué está pasando con (y quién está pensando en) adolescentes y jóvenes de sectores populares?

“El link era inevitable: pibas que deberían estar en la escuela son arrojadas a un mercado de trabajo que no las aloja, porque la desocupación tiene primero cara juvenil y luego cara de mujer joven. Entrar en redes de prostitución y en ámbitos de criminalidad tiene que ver con la ruptura de lazos en las familias y también con el Estado corriéndose, no protegiendo esos hogares monomarentales de forma suficiente, desarmando el entramando comunitario y permitiendo que avance el narco”, relaciona Daniela Devoto, coordinadora de implementación de proyectos de Fundación SES, organización de la sociedad civil abocada a los derechos de las juventudes.

En el marco de ese conversatorio sacudido por las noticias del triple femicidio se presentó –en conjunto con Centro de Economía Política Argentina (CEPA)- el informe “Hogares monomarentales en Argentina: una mirada estructural”, elaborado también por la Iniciativa Las que Cuentan.

“Tratamos de contribuir a la discusión pública, porque entendemos que además de estar resistiendo a muchas cosas es el momento propicio para reconstruir lo que volverá a ser agenda en algún momento. No hay que esperar que este gobierno termine sino desde ahora: por eso el nexo necesario con el triple femicidio. Porque cuando hablamos de la situación de chicos y chicas hablamos de este tipo de cosas. Chicas asesinadas mientras intentan ganarse la vida. Y todas las personas detenidas son menores de 30 años. ¿Qué está pasando a los jóvenes de los sectores populares en Argentina”, se pregunta Devoto.

❓¿Sabías que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 16,8% del PBI argentino?

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— Fundacion SES (@FundacionSES) September 19, 2025

Un doble abandono

En base a información de la Encuesta Permanente de Hogares, relevamientos provinciales, marco legal y aspectos cualitativos, el informe muestra a la crianza en soledad como “un fenómeno masivo y persistente: más del 85 % de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, solo el 36 % recibe algún aporte del progenitor no conviviente y el 36,8 % no percibe ni cuota ni transferencia estatal específica para la crianza”.

El estudio estima que las cuotas alimentarias mínimas no pagadas equivalen al 2,7 % del PBI; sumadas al trabajo de cuidados no remunerado (15,9 % del PBI), exponen una transferencia silenciosa de ingresos que agrava la desigualdad de género. Es decir, “no es una suma de ‘conflictos privados’: es una transferencia estructural desde los hogares de mujeres hacia varones incumplidores y, por su vía, hacia el conjunto de la economía”.

Todo esto se traduce en un “doble abandono”: por un lado, un mercado laboral precario, que se combina con la ausencia de corresponsabilidad paterna. Y un factor extra: en el mapa de ingresos, estos hogares se concentran en los decil 3 y 4, pero sin AUH muchos caerían por debajo de la indigencia. Además, solo 1 de cada 10 hogares monomarentales recibe AUH y cuota alimentaria juntas.

En Fundación SES se dedican especialmente al proceso de pasaje de la adolescencia a la adultez, entre la finalización de la secundaria –o la falta de ella- y el ingreso al mercado laboral –o el intento de ello-. Devoto remarca la necesidad de mirar los datos estructurales en torno a hogares monomarentales y pensar cómo impacta eso en la trayectoria de quienes crecen en esos hogares. Hace referencia a un estudio que refleja que un 78% de las adolescentes de entre 15 y 17 años debe realizar trabajo doméstico no remunerado en sus casas.

“Ante la falta de co-responsabilidad parental, no solo las mujeres tienen que trabajar más y se alimenta la feminización de la pobreza, sino que esto tiene impacto directo en la trayectoria de las pibas, porque asumen con sus madres solas las tareas del hogar”, plantea Devoto. Ese estudio, realizado por Unicef y por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), muestra que entre los adolescentes varones de la misma edad ese porcentaje es del 54%.

Cuotas impagas, derechos vulnerados

El deber alimentario, como señala el documento, tiene jerarquía constitucional y respaldo de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero “el cumplimiento es la excepción. La evidencia muestra una curva bimodal de evasión: abajo, la informalidad impide retenciones y trazabilidad; arriba, el ocultamiento patrimonial y las rentas no laborales facilitan la simulación de insolvencia (uso de sociedades, testaferros, activos digitales)”.

La baja percepción de cuota alimentaria entre los hogares monomarentales “opera como una causa directa de empobrecimiento”. Menos de 1 de cada 3 hogares percibe cuota alimentaria y la ausencia de ese ingreso obliga a la jefa de hogar a asumir en solitario la provisión económica y los cuidados, reduciendo drásticamente su capacidad de mejorar la situación material del hogar.

En el sector de mayores ingresos, apenas el 12% de los hogares monomarentales declara percibir efectivamente la cuota alimentaria. La lógica del incumplimiento alimentario incluye dinámicas punitivas (como la interrupción o disminución como castigo cuando una madre mejora su posición económica) y tiene su impacto sobre la salud mental. No es sólo una cuestión económica, sino un tema más del que ocuparse: “Involucra tiempo, logística y carga mental”.

El informe también advierte que “el costo de la crianza en soledad sigue invisibilizado por los instrumentos oficiales de medición de pobreza, que no capturan el esfuerzo económico adicional, ni el impacto emocional y físico que enfrentan las mujeres que crían sin red ni reconocimiento. A ello se suma el escaso cumplimiento de la obligación alimentaria y la débil ejecución judicial, a pesar de su estatus como derecho legal e internacionalmente protegido”.

Por eso el relevamiento concluye en “un llamado a desnaturalizar la paternidad ausente como norma cultural, y garantizar el derecho de niñas y niños a una crianza justa, sostenida y corresponsable”.

Ante este panorama, desde SES se proponen una serie de medidas que podrían convertirse en políticas públicas para contrarrestar estos incumplimientos y sus impactos. Como un Fondo Nacional de Garantía Alimentaria, con el cual el Estado adelanta la cuota mínima y recupera vía AFIP (retenciones, embargos, cruce de datos).

“El informe y conversatorio tienen que ver con un intento de contribuir a la discusión pública. No miramos solamente porcentajes de inserción en el mercado laboral sino las problemáticas alrededor, y falta de co-responsabilidad paterna incide”, analiza Devoto. “¿Cómo la política pública puede acompañar esto? Más allá de lograr que el pago de las cuotas sea efectivo, por ejemplo con el acceso al patrocinio legal. Y que mientras tanto pudiera existir alguna especie de subsidio o herramienta fiscal que acompañe a esos hogares hasta tanto el padre se haga cargo de esa cuota. Que sea el Estado el que se encargue de tener que cobrar esa deuda y no la madre, que además de todo tiene q conseguir abogado, ir al juzgado”, enumera la coordinadora de SES. “Entender esa dimensión del problema implica pensar el Estado desde otro lugar. Porque además la deuda no es con la mujer, sino con los hijos. ¿Quién es responsable último de la vida y los derechos de esos pibes?”, indaga y apunta a la responsabilidad última del Estado sobre el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

“Impulsamos una perspectiva de responsabilidad social del cuidado. Las propuestas y recomendaciones de este informe abogan por el cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, su pleno desarrollo, así como el de sus madres y cuidadoras, y una distribución de ingresos con justicia social. El objetivo es claro: transformar lo que hoy aparece como responsabilidad privada y silenciosa en una deuda pública y visible, que pueda ser saldada con justicia, datos y política”, platean Fundación SES y Las que Cuentan. Metas casi utópicas bajo un gobierno que se ufana de llevar al Estado a su mínima expresión, pero necesarias para reconstruir el camino tras el paso de la motosierra.

“En un contexto político que promueve un Estado más chico y una ‘libertad’ entendida como retiro institucional, conviene no perder de vista lo evidente –concluye el informe-: hoy, para miles de madres, el Estado sigue siendo más presente en la vida de sus hijos y en las tareas de cuidado, que los propios padres. No por virtud de uno, sino por ausencia recalcitrante del otro. Y aun así, ese Estado llega tarde, llega poco o se lo está desmantelando. La retirada del Estado no es solo un tema presupuestario: es una desprotección multiplicada para quienes ya están asumiendo todo lo demás”.