Horas después de que el presidente Javier Milei anunciara el proyecto del Presupuesto 2026 las supuestas bondades y aumentos a sectores sociales pasaron a develar la realidad: el texto refleja recortes y derogaciones de disposiciones claves como el 6% del PBI para Educación, el Fondo para Escuelas Técnicas, el financiamiento para la Ciencia y menos pensiones para Discapacidad.

Daniel Gollán puede dar testimonio del contexto y las implicancias del presupuesto, en caso de que se apruebe. Exministro de Salud y actual legislador nacional (Unión por la Patria), es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación.

En diálogo con Tiempo advierte sobre el impacto del presupuesto 2026 en áreas estratégicas, denuncia la eliminación de leyes que garantizaban el financiamiento progresivo y sostiene que el actual plan de gobierno profundiza el deterioro social e industrial en la Argentina: “El déficit fiscal no se puede resolver destruyendo la industria, la educación, la salud y la ciencia”.

–En cadena nacional, el presidente anunció un aumento del 17% para salud, 8% para educación y 5% para jubilaciones y pensiones. ¿Estos porcentajes son válidos para revertir los deterioros actuales? ¿Cuál debería ser el aumento correcto?

-No solo son absolutamente insuficientes y no compensan la tremenda pérdida acumulada en todos estos rubros, sino que además el presupuesto introduce un artículo que deroga de manera permanente artículos de leyes, que garantizaban, por ejemplo, la meta del 6% del PBI para la educación, el financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología hasta llegar al 1% del PBI, y el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas Profesionales. También elimina el aumento progresivo de la inversión destinada a la Defensa Nacional. Es decir, no sólo no alcanzan los magros incrementos anunciados, sino que también se desarticulan marcos legales que garantizaban el financiamiento del sector científico-tecnológico, universitario, y educativo en general.

–Milei afirmó que “el equilibrio fiscal es la piedra angular de su plan de Gobierno” y que el proyecto apunta a lograr superávit fiscal, o al menos equilibrio ¿Qué consecuencias concretas trae esto no solo para la ciencia, la tecnología y la innovación sino también para la industria nacional?

-Es una falsa premisa. Obviamente, todo gobierno debe ordenar sus cuentas públicas en términos fiscales, de balanza comercial, de superávit comercial y de la cuenta corriente. Esos son objetivos buscados, pero esto no se puede llevar a cabo a costa de destruir la industria nacional, la educación, la salud y la ciencia. Lo que tenemos hoy no es equilibrio fiscal: lo que crece de manera explosiva son los intereses de la deuda, que incluso el propio mercado empieza a ver como impagables. Lo que quiero decir es que no vamos a lograr este equilibrio fiscal, aun achicando tremendamente los gastos sociales, las jubilaciones, la salud, la educación, la discapacidad, porque está creciendo tanto el déficit financiero que no vamos a poder pagarlo. Entonces, nos vamos a quedar sin el equilibrio fiscal, habiendo destruido el entramado productivo nacional y todas las redes de contención social que tiene la Argentina.

-¿Cómo impacta esta política en la transferencia de conocimientos desde el sector científico-tecnológico-académico hacia la industria?

-La corta de raíz. El Sistema Científico Tecnológico Nacional no sólo genera conocimiento sino que también lo transfiere al sector productivo, especialmente a las pymes que no cuentan con capacidad propia, para que estas puedan agregar valor a sus productos y hacerlos más rentables a la hora de la exportación. También realiza y vende servicios de todo tipo para el sector industrial. Muchas empresas, no solo las ubicadas en los polos tecnológicos, que no tienen capacidad propia para hacer determinados estudios recurren a organismos públicos como el INTI, el INTA o las Universidades para realizar estos ensayos y desarrollar tecnología aplicada. Esa interacción hoy está siendo desmantelada. Se ataca a la ciencia, a la educación y a la industria al mismo tiempo, y eso es letal para cualquier proyecto de desarrollo de un país.

–Se anunciaron recortes para universidades nacionales y para las provincias en obras públicas ¿Cómo evalúa usted los posibles efectos de esos recortes y qué provincias son las más afectadas?

-La Ley de Financiamiento del Sistema Nacional Científico Tecnológico y la Ley del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, sobre todo esta última, establecía que al menos el 20% del presupuesto en Ciencia y Tecnología debía destinarse al interior del país para revertir un camino de inequidad histórica. Dentro del desastre, las provincias más afectadas son las provincias más alejadas de los grandes polos de investigación de Argentina que son Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba o Mendoza. Hay un dispositivo de destrucción del Sistema Científico Tecnológico que puedo ejemplificar con un número: por Ley correspondía este año el 0,45% del PBI al sector, pero vamos a tener apenas el 0,15%, es decir, la tercera parte. Así es imposible sostener el Sistema. Nosotros ya veníamos con atrasos, pero vamos a terminar este año un 66% debajo de la meta. Es un disparo al corazón de la ciencia.

–El Gobierno vetó las Leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.  ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el Congreso para revertir esta situación?

-Este miércoles se tratará una Ley de Emergencia en Ciencia y Tecnología que, paradójicamente, exige que el Gobierno cumpla con las leyes vigentes. Es decir, lo que pedimos es que se pague retroactivamente todo lo que se dejó de pagar de acuerdo con las normas de financiamiento del sector Científico–Tecnológico y del Plan Nacional. El Gobierno ha incumplido esas leyes, lo cual constituye un delito, y por eso ahora buscan derogarlas. Lo que haremos el miércoles es votar una ley para que el Gobierno no solo actualice los pagos, sino que también transfiera los recursos, incluyendo la actualización de salarios que hoy están un 30% atrasados.

-¿Podría enumerar algunas de las obligaciones que la gestión nacional dejó de cumplir?

-El Gobierno detuvo todos los programas de Construir Ciencia, un programa con más de 45 obras en ejecución, algunas con un 90% de avance, que quedaron paralizadas, incluso generando juicios porque las empresas no recibieron los pagos. También dejaron de financiar el programa Equipar Salud, fundamental para la compra de equipamiento científico individual y de gran porte que se compran en red, lo que afecta la investigación conjunta de científicos en todo el país. Además, los salarios quedaron un tercio por debajo de lo que estaban en 2023 y se cerró el ingreso a la carrera de investigador en los últimos dos años. Se dejaron de pagar becas doctorales, provocando que más de 10.000 profesores —muchos de ellos investigadores y becarios— estén emigrando.

Tampoco se financia a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, ni se evalúan los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICT), que son la principal herramienta de investigación en Argentina. Desde el inicio del gobierno de Milei no hubo nuevas convocatorias y los laboratorios se están cayendo. En síntesis, es una infinidad de acciones dañosas que están destruyendo el sector.

–Hace algunos años, en una entrevista, habló de la crueldad del hombre hacia el hombre a partir de su experiencia como preso político. Hoy, con los recortes en salud, ciencia, tecnología y educación, ¿cree que estamos viviendo una nueva forma de crueldad ejercida desde el Estado hacia la sociedad?

-Sí, porque es el mismo proyecto político y económico que en los ’70 implementó Martínez de Hoz. La diferencia es que ahora no lo llevan adelante con desapariciones, secuestros o fusilamientos, sino con un ajuste brutal que afecta a millones de argentinos. Es una crueldad sin límites: lo vemos en lo que pasa con las personas con discapacidad, con los investigadores que emigran, con los jubilados que no llegan a fin de mes. Pero también creo que la sociedad empieza a reaccionar. El domingo 7 de septiembre, el pueblo de la Provincia de Buenos Aires dio una muestra clara de repudio a este modelo. De repudio a este discurso de odio, de denostar al diferente, al vulnerable. Estoy convencido de que se abrió un nuevo proceso que terminará con esta pesadilla que está produciendo el gobierno de Javier Milei a todas las argentinas y argentinos.